C-329 de 2015

Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Aduce el demandante que los apartes normativos acusados deben declararse inexequibles por resultar trasgresores, de un lado, del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, dado que no se garantiza el derecho de apelar ciertos autos que sí son apelables cuando son proferidos por jueces administrativos, y del otro, del derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades y a gozar de los mismos derechos, toda vez que algunas personas sí pueden apelar determinadas providencias judiciales, mientras que otras no pueden apelar las mismas cuando son dictadas por tribunales administrativos.

La Corte concluye que, Regular de distinta manera el recurso de apelación respecto de providencias judiciales que, dentro del conjunto de las providencias interlocutorias, no ponen fin a la actuación procesal ni tienen gran incidencia en ella, y que pueden considerarse en el trámite de la apelación de la sentencia o en el ámbito de otros mecanismos de protección de derechos, con fundamento en la autoridad que las profiere, con el fin de descongestionar al tribunal de cierre de una jurisdicción y, por tanto, garantizar un acceso a la justicia pronto y eficiente, constituye una diferencia de trato justificada en términos constitucionales.

Se declaran EXEQUIBLES; por los cargos examinados, las expresiones “por los jueces administrativos” y “Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia”, acusadas.