C-101 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8º (parcial) de la Ley 1421 de 2010, por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.

Los apartes normativos cuestionados establecen la facultad de los departamentos y municipios para imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana y su vigencia permanente.

El demandante considera que dichas disposiciones contradicen los artículos 150-12 y 338 de la Constitución al desconocer la competencia exclusiva del Congreso para imponer contribuciones fiscales y parafiscales y transgredir los principios de legalidad y certeza tributaria.

Se declaró la INEXEQUIBILIDAD de las disposiciones acusadas pero dicha declaratoria se difirió por el término de dos legislaturas, a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia, con el fin de que el Congreso, dentro de la libertad de configuración que le es propia, expida la norma que prevea el hecho generador de las tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.

Ello, en consideración a que el retiro de del ordenamiento jurídico de dichas disposiciones podría resultar más inconstitucional, en cuanto financian programas de seguridad ciudadana indispensables para mantener el orden público, la vida e integridad de las personas, la vigencia del orden justo y, en especial, contribuyen a financiar los gastos requeridos para superar el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria.