C-593 de 2019

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones.

Los demandantes presentaron como cargos los siguientes: 1º.

Vulneración del numeral 12 del artículo 150 de la Constitución que establece la reserva de ley en materia tributaria. 2º.

El desconocimiento de los artículos 95-9 y 363 de la Carta, al crear un impuesto al consumo de bienes que no son consumibles y cuya enajenación no revela capacidad contributiva. 3º.

Quebrantamiento de la propiedad privada y de los principios de justicia tributaria al exigir el pago del impuesto antes de producirse el hecho generador del tributo y, 4º.

La contravención del principio del eficiencia tributaria contemplado en el artículo 363 Superior, por la atribución de funciones de agente retenedor al cedente de bienes inmuebles.

La Corte concluyó que la disposición acusada es INEXEQUIBLE por vulnerar el principio de legalidad del tributo pues, al establecer el impuesto al consumo de bienes inmuebles, el legislador definió como hecho generador la enajenación de estos bienes “a cualquier título”, pero no precisó la base gravable del tributo para hipótesis de enajenación distintas a la compraventa.

También consideró, que la norma demandada vulnera los principios de equidad tributaria en sus dimensiones horizontal y vertical y desconoce la capacidad contributiva de las personas, y que el legislador vulneró el principio de equidad tributaria y la obligación de considerar la capacidad económica de los contribuyentes, al crear un impuesto que debía pagarse antes de que se perfeccionara el negocio jurídico que da origen a la enajenación, con lo cual expuso a los vendedores y en general a quienes enajenan los inmuebles, a una contingencia desproporcionada e irrazonable.