C-019 de 2022

La actora formuló dos demandas de inconstitucionalidad.

La primera, en contra del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 138 de 1994, por la cual se establece la cuota para el fomento de la Agroindustria de la Palma de Aceite y se crea el Fondo del Fomento Palmero, por la presunta vulneración de los principios de legalidad y certeza tributaria, al no fijar de manera clara y precisa la base gravable de la cuota de fomento palmero.

La segunda, en contra el artículo 28 de la Ley 1151 de 2007, por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, por la infracción al principio de unidad de materia contemplado en el artículo 158 Superior, en tanto no guarda una relación de conexidad directa e inmediata con los objetivos de esta Ley.

En relación con la primera demanda la Corte estableció que la disposición cuestionada sí trasgrede el principio de legalidad tributaria, en su faceta de certeza, al establecer que la base gravable de la cuota de fomento palmero será el precio de cada kilogramo de palmiste y de aceite crudo de palma extraído y que esta se liquidará con base en los “precios de referencia” que el MADR señale para cada semestre , lo cual genera una indefinición insuperable en los términos de la jurisprudencia constitucional, lo cual la llevó a declarar su INEXEQUIBILIDAD con efectos diferidos a dos legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2022.

Respecto a la otra demanda decidió declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por su ineptitud sustantiva, en tanto no satisface las exigencias mínimas de argumentación.