C-333 de 2010

Ley 1328 de 2009 artículo 77 “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, la norma regula la normalización de cartera, y la posibilidad de conciliar bajo determinadas condiciones sobre impuestos de propiedad de las entidades territoriales, el actor considera que la norma acusada vulnera el artículo 1 de la Constitución , debido a que el legislador tomó una decisión unilateral que afecta las arcas y la autonomía patrimonial de los entes territoriales, sin que existan razones que justifiquen tal determinación, vulnera el artículo 13 superior, por no establecer un mecanismo semejante frente a las deudas pendientes por concepto de impuestos nacionales, vulnera el artículo 95 numeral 8 de la Carta, ya que según el actor la negociación y posible condonación de impuestos dificultaría por falta de recursos, el cumplimiento de varios deberes sociales del Estado, vulnera el artículo 158 de la Constitución, ya que el artículo demandado no guarda ninguna relación con la materia predominante en la Ley 1328 de 2009, incluso dentro del mismo artículo se regulan temas diversos, viola el artículo 230 de la Constitución, ya que se restringe el acceso a la administración de justicia de la autoridad tributaria, vulnera el artículo 287 superior, ya que la norma acusada vulnera la autonomía de las entidades territoriales en cuanto a la administración de sus propios recursos, vulnera el artículo 294 constitucional, en el cual se prohíbe al legislador conceder exenciones en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. <br>La Sala, realiza un análisis preliminar sobre la vigencia de las disposiciones demandas y la posibilidad de realizar un análisis de fondo, encuentra que el control constitucional esta justificado, aunque la ley ya no se encuentra vigente, debido a que se observan circunstancias de notoria oposición entres la norma acusada y la Constitución, y por el corto lapso de vigencia asignado por el legislador, lo cual dificulta gravemente el oportuno ejercicio del control constitucional, luego se pasa a abordar los siguientes temas, los principios de unidad de materia e identidad flexible en el trámite legislativo, la evidencia disponible sobre el cumplimiento de los pasos previstos en el artículo 157 superior como necesarios para la aprobación de una ley, los alcances de la autonomía territorial, y si ella podría verse lesionada como resultado de las disposiciones demandadas, el efecto que las disposiciones acusadas pudieran tener frente a preceptos constitucionales tales como el derecho a la igualdad, la contribución al financiamiento de los gastos del Estado dentro criterios de justicia y equidad y libre acceso a la administración de justicia.

Se concluye que la norma acusada vulnera el principio de unidad de materia, le faltan algunos de los requisitos previstos en el artículo 157 superior respecto de su tramitación válida, y desconoce la autonomía territorial, se dicta la sentencia con efectos retroactivos, pese a las situaciones consolidadas.

Inexequible. <br>