C-767 de 2014

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010.

Correspondió a la Corte estudiar si la omisión por parte del legislador al abstenerse de prorrogar la vigencia de la prestación económica equivalente a un salario mínimo, para las víctimas del conflicto armado que hubiesen perdido su capacidad laboral en más de un 50% y sin otra alternativa pensional, originalmente regulada en el artículo 46 de Ley 418 de 1997, desconocía el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los deberes sociales del Estado y la garantía de la igualdad material.

Ello, según el demandante, por cuanto a partir de la promulgación de la Ley 1106 de 2006 y posteriormente con la Ley 1421 de 2010, se presentó la pérdida de vigencia de la prestación económica para personas víctimas de la violencia que cumplieran las condiciones consagradas en la Ley, lo que implicó una trasgresión a la prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Esta situación, a juicio del ciudadano, dejaba sin protección a una población que tenía una doble condición de vulnerabilidad, la de víctima del conflicto y de persona en situación en discapacidad.

Se declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las normas acusadas, en el entendido que las víctimas del conflicto armado interno, que sufrieron una pérdida del 505 o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud.