Derecho a la salud la seguridad social al minimo vital y al debido proceso de extrabajadora que se desempeñaba como auxiliar de aseo y cafeteria y padece vih y estando incapacitada la empresa invoco el articulo 62 del cst y dio por terminado su contrato sin tener en cuenta su condicion de invalidez y sin el permiso correspondiente de la oficina de trabajo.

La accionante manifiesta que al momento de su despido se encontraba tramitando la pension de invalidez por cuanto la junta de calificacion de invalidez determino una perdida de capacidad laboral del 79.2% lo que la dejo sin ingresos para subsistir dignamente.solicita se ordene el pago de la indemnizacion se le preserve la afiliacion al sistema de seguridad social en salud y le sea reconocida y pagada la pension de invalidez asi como su afiliacion como pensionada en salud.despido por salud.

Cuando se comprueba que la causa del despido de una persona fue en realidad su estado de salud la desvinculacion configura una discriminacion frente a la cual procede la accion de tutela como mecanismo de proteccion.

Proteccion constitucional en el ambito laboral a los portadores del vih.

La estabilidad reforzada reconocida a las personas infectadas con vih como consecuencia de considerarlas parte de una poblacion en situacion de debilidad manifiesta no es absoluta ni impone al empleador una carga exorbitante.

En el presente caso si bien el articulo 62 del cst establece como justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo el que la incapacidad laboral por enfermedad de origen no profesional haya superado los 180 dias en el caso de las personas con vih esta disposicion debe ser interpretada de manera armonica con su condicion de sujetos de especial proteccion constitucional y teniendo en cuenta normas legales como el decreto 1543 de 1997 dictadas para protegerlas de la discriminacion y la arbitrariedad.

La empresa demandada no cumplio con el procedimiento establecido en el articulo 26 de la ley 361 de 1997 pues no acudio a la oficina del trabajo para obtener el permiso previo correspondiente.concedida

Case-law reporter's text · normalized for reading (all caps → sentence case)

What it decided

This decision records no constitutional review holdings. This is common in tutela rulings and orders, where the decision does not concern a legal provision.

Operative part (Resuelve)

✓Verbatim text of the decision, as it appears in the ruling. It complements the structured holdings above.

See the operative part (3 points)

Primero. REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, el 9 de marzo de 2007, y por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Medellín, el 24 de abril de 2007 y, en consecuencia, CONCEDER la tutela de los derechos a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso de María Ruth Cano Roldán.
Segundo. ORDENAR a la empresa Activos S.A., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de esta sentencia, pague a la accionante María Ruth Cano Roldán, una indemnización equivalente a 180 días de salario, de conformidad con lo que establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Igualmente, ORDENAR a la empresa Activos S.A. preservar la afiliación de la accionante al sistema de seguridad social en salud en calidad de aportante hasta que le sea reconocida y pagada la correspondiente pensión de invalidez, y sea afiliada como pensionada al sistema de salud.
Tercero. LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí establecidos.

Verbatim text · source: operative part of the ruling

The bench that decided

We distinguish who appears in the ruling (signature, vote or concurrence) from who probably sat on the Court on that date. The difference is shown by color and shape.

Appears in the rulingN1 · hard data

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Manuel José Cepeda Espinosa

Reporting justice

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Jaime Córdoba Triviño