T-429 de 2011

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, principio de justicia material.

Tutela contra decisión judicial.

Dentro de un proceso de reparación directa, en hechos en los cuales el accionante resultó perjudicado por la acción del Ejercito Nacional, cuando bombardeó la zona en la que habitaba y le causó daños a su vivienda, enseres y cultivos, al igual que a la de otros vecinos, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia en la cual condenó a la Nación a pagar los daños y perjuicios ocasionados al actor y a los otros afectados.

Dicha decisión fue apelada y la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, modificando lo atinente a la condena impuesta para indemnizar el daño moral sufrido por algunos de los demandantes, dentro de los cuales se encontraba el accionante.

Pese a la decisión, en la parte resolutiva de la sentencia no se relacionó el nombre del actor y éste, dentro del término de ejecutoria, no solicitó la adición del fallo, aduciendo que por la demora en la resolución del caso, el cual tardó cerca de 18 años, perdió el control del proceso.

La parte demandada, alegó la improcedencia de la acción por la exagerada extemporaneidad para presentarla sin una justificación válida para la tardanza en su ejercicio, pues el peticionario impetró la acción de tutela dos años después de haber sido notificada la decisión a las partes, mediante edicto.

En sede de revisión se analizó el problema jurídico planteado con base en el estudio de la siguiente temática: i). la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – causales genéricas y específicas – y ii), la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por exceso ritual manifiesto en la aplicación de las normas procedimentales.

Para la Sala, el accionado no tuvo en cuenta que el derecho procesal es un medio para la realización de los derechos subjetivos de los ciudadanos y aplicó de manera rígida y ciega el procedimiento, aún cuando la consecuencia de su proceder significó la vulneración del derecho fundamental del actor, al acceso a la administración de justicia y del principio de la justicia material.

Se tutela el derecho invocado y se ordena adicionar, con el nombre del accionante, la parte resolutiva de la sentencia que declaró responsable a la Nación del pago de la indemnización de los perjuicios morales, dentro del proceso de reparación directa.

CONCEDIDA.