T-405 de 2018

Dentro de un expediente tributario la División de Gestión de Fiscalización de la DIAN profirió auto de apertura de investigación en contra del accionante, como consecuencia de su declaración de renta del año 2010.

Como parte de dicha investigación se expidió un acto de inspección tributaria y otro de verificación o cruce.

En este último se ordenó practicar diligencias sobre las operaciones económicas efectuadas por el contribuyente con un tercero.

Según el peticionario, este acto no le fue notificado.

De manera posterior la DIAN expidió un requerimiento especial que le fue notificado y a través del cual se enteró de diligencias realizadas con ocasión de la inspección tributaria.

En dicho documento también se le propuso un saldo total a pagar por impuesto de un valor superior a los 300 millones de pesos y una sanción por inexactitud por una cifra cercana a los 850 millones de pesos.

La entidad dio traslado del expediente a la División de Gestión de Fiscalización, la cual procedió a practicar la liquidación oficial y a notificarle la suma final que debía cancelar, la que ascendía a un valor superior a los 1.100 millones de pesos.

Se pide al juez constitucional ordenar la nulidad de todo lo actuado a partir de la expedición del auto que no fue notificado y que es objeto de cuestionamiento.

Se verifica el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y se analiza temática relacionada con el principio de publicidad y la notificación de los actos proferidos dentro de una actuación administrativa.

Teniendo en cuenta que la acción de tutela interpuesta no superó el requisito de subsidiariedad, la Corte decide confirmar la decisión de segunda instancia que declaró la IMPROCEDENCIA del amparo.

Teniendo en cuenta que también se revocó la decisión que concedió el amparo y declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del expediente tributario a partir del auto de verificación o cruce mencionado, precisa la Sala que todos los trámites posteriores incluyendo la liquidación oficial quedan en firme, siempre que frente a ellos no procedan otros recursos.

Es decir, que el efecto de la presente providencia conduce a restituir las cosas al lugar en que se encontraban antes de la expedición del fallo que se revocó y, en ese sentido, se dispone en relación con el cómputo de los plazos para adelantar los otros trámites que dependen de la liquidación oficial, que se descuente el tiempo que transcurrió entre la fecha de notificación de la decisión anulada hasta la notificación de la presente providencia a la DIAN.

Igual efecto se extiende para el actor, en lo que corresponde al tiempo dispuesto para ejercer las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.