C-726 de 2009

Ley 182 de 1995 artículos 5 y 12 “por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste se conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”, las normas demandadas regulan lo siguiente, artículo 5, funciones, corresponde a la Comisión Nacional de Televisión, reglamentar el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos, artículo 12 funciones de la junta directiva, las expresiones acusadas son las siguientes “de las de la comisión” “para tales efectos, y en relación con las concesiones originadas en un contrato, la Junta Directiva de la Comisión decretará las multas pertinentes por las violaciones mencionadas”.

El demandante considera que las normas acusadas vulneran el derecho al debido proceso y el principio de legalidad de las sanciones, ya que se le otorga a la CNTV la posibilidad de imponer sanciones y multas, aduce que el legislador no tuvo en cuenta que estas materias tienen reserva de ley ya que los administrados sólo podrán ser juzgados por violación de una ley preexistente, además se arguye que la posibilidad de que la CNTV produzca normas de rango reglamentario, en las cuales consagra sanciones que luego ella misma aplica, conlleva a la violación del principio de imparcialidad.

La Corte entra a estudiar, la autonomía de la CNTV y sus facultades en materia sancionatoria, el alcance del principio de legalidad, la potestad reglamentaria en materia contractual, se concluye que las disposiciones acusadas conceden al autorización legal, para que la comisión, como ente autónomo dotado de potestad reglamentaria en materia sancionatoria contractual, ejerza dicha facultad para definir tanto las conductas constitutivas de falta, como las sanciones imponibles a los contratistas, operadores y concesionarios, lo cual se encuentra dentro del marco del principio de legalidad, por lo tanto se resuelve declarar las normas acusadas EXEQUIBLES.