C-128 de 2020

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7° de la Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado.

El demandante considera que la disposición acusada vulnera la prohibición de reproducción de contenidos materiales declarados inexequibles por la Corte Constitucional y la presunción de inocencia, establecidos respectivamente en los artículos 243 y 29 Superiores.

La Sala Plena encontró acreditadas las circunstancias para establecer el fenómeno de la cosa juzgada constitucional por i) identidad formal en el objeto acusado; ii) identidad material en el cargo propuesto y iii) ausencia de variación del parámetro de validez constitucional.

Con base en lo anterior dispuso ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-567/19 , que a su vez declaró “Primero.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-425/08, en tanto declaró EXEQUIBLE el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007, en relación con el cargo de desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia).

Segundo.

Declarar EXEQUIBLE, en consecuencia, el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7 de la Ley 1826 de 2017, en el entendido de que las capturas aludidas en la norma examinada, sólo serán aquellas que hayan sido debidamente ordenadas por autoridad competente con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de legalización por juez de control de garantías.

(…) Cuarto.

Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, por vulneración del artículo 29 de la Constitución, por desconocerse el principio de culpabilidad por el acto”.