C-058 de 2010

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 20 del artículo 8 del Decreto 1010 de 2004 “Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones”, el artículo octavo regula las funciones de la oficina asesora jurídica, el aparte acusado es el siguiente “Tramitar las reclamaciones de tipo laboral que presenten los ciudadanos colombianos que trabajen en las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en nuestro país” el actor considera que dicho numeral vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución, ya que pone en condición de desigualdad a los trabajadores de las Misiones Diplomáticas con los empleados del común ya que los primeros no cuentan con la opción de acudir a los inspectores de trabajo, y el segundo cargo formulado consiste en que los ciudadanos colombianos que trabajan en las misiones diplomáticas y consulares no tiene un juez natural, que les resuelva las controversias a través de un debido proceso.

La Corte pasa a estudiar su competencia para examinar decretos con fuerza de ley expedidos con anterioridad a la Constitución de 1991, la competencia para ejercer control de decretos que compilan leyes o normas con fuerza de ley, competencia para examinar normas con fuerza material de leyes dictadas en virtud de Actos Legislativos, competencia para conocer de todos los actos de trámite proferidos en el curso de un referendo constitucional, competencia para conocer de los decretos expedidos por el Presidente con apoyo en las facultades que el confiere un artículo transitorio de la Constitución y la competencia para examinar instrumentos internacionales en virtud de órdenes proferidas por la Corte Constitucional con ocasión del estudio de Tratados internacionales, también se refiere a la incompetencia de esta corporación para conocer de los siguientes decretos basándose en el criterio material, los que materialmente son normas reglamentarias, los que desarrollan leyes marco o cuadro y los que se expidan en desarrollo del artículo 355 de la Constitución, se concluye que el Decreto demandado fue expedido en desarrollo de leyes marco, que aún implicando el ejercicio de una potestad reglamentaria ampliada, no deja de tener naturaleza o contenido material propio de un acto administrativo cuyo control judicial corresponde al Consejo de Estado y no a esta corporación, por lo tanto se decide proferir sentencia inhibitoria, por falta de competencia.