C-539 de 2010

Decreto 028 de 2008, artículo 21 “Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones” la norma regula inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, el demandante considera que esta disposición vulnera los artículos 2, 13, 7 y 229 constitucionales ya que ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las entidades territoriales adquiridas para cumplir los propósitos del SGP, los respectivos acreedores quedan desprotegidos, en cuanto no pueden perseguir los referidos recursos de la Sistema de financiación.

La norma otorga un trato preferencial a los entes territoriales frente a las demás entidades públicas, a quienes no confiere el mismo privilegio de inembargabilidad de sus recursos, por otra parte al permitir que procesos ejecutivos se mantengan activos y vigentes en los despachos judiciales hasta tanto existan recursos económicos diferentes a los del SGP no se garantiza adecuadamente el cumplimiento de las decisiones judiciales, y por último sostiene que se vulnera el derecho a la administración de justicia, por cuanto al decretarse la inembargabilidad de los recursos del SGP, no puede hacerse efectivo el cobro de los dineros adeudados por las entidades territoriales y las sentencias no se pueden cumplir en los plazos estipulados en artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

La Corte en primer lugar pasa a precisar el alcance de lo deicidio en la sentencia C-1154 de 2008, para establecer si ha operado frente al artículo acusado el fenómeno de cosa juzgada, se encuentra que respecto de la mayoría de los cargos de la presente demanda ha operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional y en cuanto al cargo formulado por introducir un trato discriminatorio entre las distintas entidades del Estado, se estima que se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda.