C-389 de 2021

Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 2052 de 2020, por la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones.

La demandante considera que la disposición “Los Distritos, Departamentos y Municipios, transferirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por una sola vez, hasta un veinte por ciento (20%) de recaudo anual de las estampillas, con el fin de financiar lo establecido en el parágrafo primero del presente artículo” desconoce la autonomía de las entidades territoriales para fijar la destinación y administración de sus propios recursos prevista en el artículo 287.3 de la Constitución.

Lo anterior, en razón a que el funcionamiento y financiamiento del sistema al que se refiere la disposición no se enmarca en ninguno de los criterios que habilitan al legislador para intervenir en la destinación de las estampillas en tanto rentas endógenas; y pretende financiarlo imponiendo la obligación de girar a la Nación recursos que, por regla general, tienen una destinación social.

La disposición demandada vulnera el principio de autonomía territorial por las siguientes razones: i). la desmaterialización de las estampillas y su incorporación al SECOP persigue objetivos que trascienden el ámbito exclusivamente local y, ii).

El mandato general e indiferenciado que impone a las entidades territoriales disponer hasta el veinte por ciento (20%) de lo recaudado por estampillas carece de una justificación suficiente.

La Corte dispuso declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones acusadas, pero, dado que la cláusula exceptiva de la misma disposición relativa al pasivo pensional solo tiene sentido en cuanto hace parte del resto del inciso, conformando una unidad lógico-jurídica inescindible, integró la unidad normativa y, en esa medida, la anterior decisión comprendió la totalidad del inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 2052 de 2020.