C-254 de 2020

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 513 de 2020, por el cual se establecen medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Teniendo en cuenta que la norma en mención cumple con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, la Corte decidió declararlo EXEQUIBLE, a excepción de la expresión “así como asumir el costo del alumbrado público” contenida en el inciso único del artículo 5º y, el parágrafo 2 del artículo 5°, que se declaran INEXEQUIBLES.

El fundamento de la precitada decisión fue que dichas medidas no guardaban relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, en tanto el Gobierno Nacional, en sus consideraciones, no demostró en qué medida dichas disposiciones estaban encaminadas a conjurar la crisis derivada de la pandemia COVID-19 (juicio de conexidad), ni presentó razones que justificaran las medidas objeto de reproche.

Para la Corte, dicha motivación se tornaba indispensable, por cuanto, con la medida se excluye la posibilidad a las entidades territoriales de cobrar el impuesto de alumbrado público, lo que imponía un mayor esfuerzo de motivación para modificar una renta endógena de dichas entidades territoriales (juicio de motivación suficiente).

Por último, la Sala precisó que la asunción de “costos” del alumbrado público con recursos del Sistema General de Regalías desconoce la autonomía de las entidades territoriales (juicio de no contradicción específica).

Aclaró la Corporación que lo anterior no debía entenderse como una prohibición o restricción al financiamiento de proyectos de inversión destinados a la ampliación, mejora, modernización o ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, en la medida en que estaría comprendido como proyectos para el desarrollo social, en los términos del artículo 361 de la Constitución.