C-162 de 2008

Ley 749 de 2002 articulos 8 y 9 (parciales).

Se organiza el servicio publico de la educacion superior en las modalidades de formacion tecnica profesional y tecnologica.

Del ofrecimiento y desarrollo de programas academicos de educacion superior.

De la definicion de estandares minimos de calidad y criterios de evaluacion de la informacion.<br>señala el demandante que los enunciados normativos acusados quebrantan los articulos 67, 68, 69, 113 y 150 de la carta politica, pues, en su criterio, desconocen la reserva legal en materia educativa y las consecuencias que de ella se derivan.

Lo anterior, según el actor, toda vez que ni la disposicion demandada ni otros preceptos de la ley 749 de 2002 señalan los criterios que debe seguir el ejecutivo al ejercer la potestad reglamentaria.

De igual forma, sostiene que la ley no señala las pautas minimas que debe seguir el gobierno respecto de la regulacion de los estandares minimos de calidad de los programas de formacion tecnica, profesional y tecnologica, lo cual resulta contrario al principio de la autonomia universitaria, pues le permite al gobierno, en virtud del ejercicio de la referida potestad reglamentaria, limitar la autonomia universitaria.<br>el enunciado normativo sobre el cual recaen las acusaciones formuladas en la demanda y la sentencia c-782 de 2007.

El caracter polivalente de la educacion en la constitucion de 1991 y la diversidad de fuentes formales que la regulan.

La garantia institucional de la autonomia universitaria y la reserva de ley.<br>en primer lugar, no es posible abordar el examen de la primera parte del articulo 8º de la ley 749 de 2002, debido a la ausencia de cargos en el libelo acusatorio respecto del enunciado normativo, pues se tiene en cuenta la falta de correspondencia entre los cargos formulados y el texto señalado en la demanda como acusado.

En segundo termino, es dable aclarar que, en el actual regimen constitucional, el gobierno carece de competencias de regulacion autonomas en materia educativa.

En ese orden de ideas, ni la potestad reglamentaria ni la competencia de inspeccion y vigilancia habilitan al gobierno para la expedicion de reglamentos autonomos o independientes, y en ambos casos, sus competencias estan subordinadas a la ley.

En todo caso, de un analisis sistematico de la disposicion, se desprende que la regulacion de los estandares minimos de calidad y de los criterios de evaluacion de los mismos, deben circunscribirse a los aspectos fisicos e instrumentales que pueden ser valorados objetivamente, referentes a las materias especificas señaladas en la ley 749 de 2002 y en el literal 6º de la ley 30 de 1992, es decir, que la reglamentacion de los estandares minimos de calidad de los programas de educacion superior, tiene que partir de los parametros establecidos en dichas disposiciones legales.

Ha de aclararse, adicionalmente, que el ejercicio de la potestad reglamentaria en ningun caso puede afectar el contenido esencial de la garantia institucional de la autonomia universitaria, ni podran versar sobre los contenidos academicos, la orientacion filosofica de los docentes, los procesos de enseñanza o el derecho fundamental de educacion.<br>inhibida para examinar la constitucionalidad del articulo 8 de la ley 749 de 2002. <br>exequible el articulo 9 de la ley 749 de 2002, respecto de los cargos examinados en la presente decision, en el entendido de que los estandares de calidad se circunscriben a los aspectos fisicos e instrumentales objetivamente medibles, que hacen referencia a las materias especificas previstas en la misma ley 749 de 2002 y en el literal c) del articulo 6º de la ley 30 de 1992 y que, en todo caso, la definicion de los estandares minimos de calidad y los criterios de evaluacion de los mismos, no podran versar sobre los contenidos academicos, orientacion filosofica de los docentes, ni procesos de enseñanza y no se podra afectar el contenido de la autonomia universitaria ni el derecho fundamental a la educacion.