T-716 de 2013

El accionante considera que la decisión administrativa inmotivada de la Procuraduría General de la Nación mediante la cual se le declaró insubsistente del cargo de Procurador 154 Judicial II Administrativo de Riohacha, vulneró sus derechos y los de su familia a la vida, a la salud, al trabajo y al mínimo vital, en razón a que su salario constituía su único sustento económico, con la especial consideración de que debe asumir solo todos los gastos de su núcleo familiar, constituido entre otros por una hija que padece cáncer, enfermedad de alto costo que le obliga a sufragar gastos onerosos.

Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con los siguientes temas: 1º.

Procedencia excepcional de la acción de tutela en lo que respecta al principio de subsidiariedad de la misma. 2º.

Régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación y la sentencia C-101/13, sobre la naturaleza jurídica de los cargos de Procurador Judicial y, 3º.

Obligación de la administración de motivar los actos de insubsistencia de los servidores públicos, la discrecionalidad en dichos temas y las excepciones a tal deber de justificación.

Se CONCEDE de forma definitiva el amparo constitucional solicitado, se ordena el reintegro y se indica a la accionada que la desvinculación del actor sólo podrá surtirse en razón a las causales previstas para los casos establecidos en la jurisprudencia constitucional respecto de las personas nombradas en situación de provisionalidad en los cargos de carrera administrativa y observando en todo caso, la condición de padre cabeza de familia, sujeto de especial protección constitucional.