C-101 de 2013

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el régimen de competencias interno de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos.

El problema jurídico constitucional planteado en el presente asunto conllevó a la Sala Plena a estudiar si la inclusión del cargo de Procurador Judicial entre los empleos de libre nombramiento y remoción de la Procuraduría General de la Nación y con ello, la consecuente exclusión del régimen de carrera propio de otros funcionarios de la misma entidad, vulneraba los artículos 125 y 280 de la Constitución, en tanto el primero establece la regla de que los empleos del Estado son de carrera y sólo por excepción de libre nombramiento o remoción, mientras que el segundo ordena la equiparación de los Agentes del Ministerio Público que ejercen su cargo ante jueces y magistrados, con las autoridades judiciales ante quienes actúan, en materia de calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones, entendiendo que entre los derechos a homologar se encuentra el ser considerado de carrera La Corte reafirmó el régimen de carrera administrativa como postulado estructural y principio definitorio de nuestro modelo de Carta Política y estableció que el cargo de Procurador Judicial no puede ser clasificado como de libre nombramiento y remoción.

Se declara la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Procurador Judicial” contenida en el numeral 2º del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Carta.

Se ordena a la Procuraduría General de la Nación convocar a un concurso público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial.