T-319 de 2012

Debido proceso.

Tutela contra providencia judicial.

Se demandan en sede de tutela las decisiones judiciales que, dentro de un proceso ejecutivo hipotecario, resolvieron desestimar las excepciones propuestas por los demandados y ordenar la venta en pública subasta de los apartamentos de los hoy accionantes, así como el pago del crédito reclamado por el banco que otorgó a la empresa Construcciones Dihago Ltda., un préstamo bancario para constructor pactado a corto plazo y liquidado en UPAC.

A juicio de los actores, las decisiones atacadas se erigen como una vía de hecho por configuración de un defecto sustantivo, en razón a la indebida interpretación de una norma.

Advierten que, si en el proceso ejecutivo en cuestión se libró mandamiento de pago en UVR y se ordenó además la venta de sus inmuebles, este proceso debió haberse dado por terminado, de conformidad con los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000 y no como lo hicieron las autoridades demandadas, quienes de manera contradictoria señalaron que por tratarse de un crédito otorgado al constructor, le eran aplicables algunas normas de la Ley 546 de 1999.

La Sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, enfatizando la causal del defecto sustantivo. 2º.

Procedencia excepcional de la acción de tutela en los procesos ejecutivos hipotecarios, resaltando la aplicación de la Ley 546 de 1999 de acuerdo con la sentencia C-955/00 y 3º.

Posición de la Corte en relación con la interpretación normativa, concretamente a la luz del principio pro homine.

Se concluye que, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una causal de procedibilidad de la acción de tutela al haber incurrido con sus decisiones judiciales en un defecto sustantivo en razón a una interpretación inaceptable de una norma.

SE CONCEDE.