SU- de 2019
The official text of this ruling is in Spanish and is shown as published by the Colombian authorities.
Reporting justice Cristina Pardo Schlesinger
✓Claimant Edgar Antonio Ahumada Sabogal·Respondent Corte Suprema De Justicia Sala Penal
Topics and subtopics of the ruling
✓What the ruling decides and analyzes, as indexed by the Court's case-law reporter's office. Each topic links to every decision that addresses it.
- Procedencia más restrictiva, en la medida que solo tiene cabida cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional
- Derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
- Aplicación de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
- Contenido y alcance
- Se respetó precedente fijado en sentencia C-792/14
- Delimitación de los efectos de la sentencia C-792/14
- Instrumentos internacionales
- La sentencia C-792 de 2014 estableció que todos los ciudadanos tienen derecho a la impugnación y procede frente a todas las sentencias condenatorias, ya sea en vigencia de la Ley 600 de 2000 o de la Ley 906 de
- Contenido
- Requisitos generales y especiales de procedibilidad
Case-law reporter's summary (what was argued and decided, in prose)
En el año 2009 y bajo el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, la Fiscalía Diecisiete Delegada para Delitos contra la Administración Pública vinculó al accionante y a otra persona a una investigación por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de intervinientes.
Luego de que se surtieran las etapas procesales correspondientes, el juzgado de primera instancia profirió sentencia y absolvió a los acusados de toda responsabilidad.
No obstante, en razón de la apelación formulada por la Fiscalía y el Procurador Penal, el Tribunal que resolvió la segunda instancia revocó el precitado fallo y condenó a los procesados a la pena principal de 120 meses de prisión, multa de tres mil millones de pesos e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el mismo término de la pena principal, por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, pero a título de cómplices.
El accionante presentó recurso extraordinario de casación y en su escrito acusó el fallo de segunda instancia de haber vulnerado el principio de congruencia como resultado del cambio en la calificación jurídica de la conducta.
La Corte Suprema decidió no casar la referida providencia.
El peticionario alega que esta providencia vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en los siguientes defectos: a). violación directa de la Constitución. b). violación del precedente constitucional. c). sustantivo y, d). falta de motivación.
Se aborda la siguiente temática. 1º.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º.
El derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada por primera vez en segunda instancia. 3º.
El Acto Legislativo 01 de 2018 y las medidas provisionales adoptadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para permitir la impugnación de la primea sentencia condenatoria y, 4º.
El principio de congruencia entre la sentencia y la resolución de acusación en el marco procesal de la Ley 600 de 2000.
La Corte consideró que el fallo cuestionado satisfizo los estándares de protección del derecho a la doble conformidad judicial y no vulneró el principio de congruencia.
Se confirma la decisión de instancia que DENEGÓ el amparo invocado.
Se advierte a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio que en próximas oportunidades debe informar en los fallos que contengan la primera condena, que contra la misma procede el recurso de impugnación, el cual, de presentarse y luego de los trámites de rigor, debe remitir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de ser el caso, resuelva la solicitud de doble conformidad judicial.
What it decided
Operative part (Resuelve)
✓Verbatim text of the decision, as it appears in the ruling. It complements the structured holdings above.
See the operative part (5 points)
- PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos decretada por Auto del 6 de junio de 2019.
- SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de enero de 2019 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
- TERCERO. ADVERTIR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio que en próximas oportunidades deberá informar en los fallos que contengan la primera condena que contra la misma procede el recurso de impugnación. De presentarse la impugnación, y luego de los trámites de rigor, deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de ser el caso, resuelva la solicitud de doble conformidad judicial.
- CUARTO. EXHORTAR, una vez más, al Congreso de la República, a que regule el procedimiento para el ejercicio del derecho a la impugnación de la primera sentencia condenatoria en materia penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2 y 7, de la Constitución.
- QUINTO. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
The bench that decided
We distinguish who appears in the ruling (signature, vote or concurrence) from who probably sat on the Court on that date. The difference is shown by color and shape.
How it connects
Each decision is a node in the case-law network: it cites some and is cited by others. Follow the threads.
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