SU- de 2015

Debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, estabilidad laboral.

Tutela contra providencia judicial.

Se acumulan expedientes por unidad de materia.

Sentencia de unificación.

Se demandan autoridades judiciales que al decidir acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuestas por los accionantes, se apartaron de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, relacionada con la necesidad de motivar los actos de retiro de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.

La Sala Plena reiteró la línea jurisprudencial sentada en la Sentencia SU556/14 y precisó nuevamente, que los servidores públicos que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad están amparados por una estabilidad laboral relativa y, que por consiguiente, su desvinculación debe producirse mediante un acto motivado, de manera que, cuando ello no ocurre, se desconocen los principios constitucionales de igualdad y del mérito en el acceso de la función pública y se afectan los derechos al debido proceso y a la estabilidad laboral relativa, razón por la cual cabe ordenar por la vía judicial su reintegro al cargo, con el pago de la respectiva indemnización.

Frente a esta compensación recordó, que debe ajustarse con el fin de garantizar, de un lado, la protección de los servidores públicos irregularmente desvinculados del cargo y del otro, evitar que en razón del transcurso del tiempo, particularmente cuando dichos servidores han acudido sin éxito a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la suma a pagar resulte desproporcionada.

Se dispuso, como órdenes a adoptar en esos eventos: (i) el reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso; y, (ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a 6 meses ni pueda exceder de 24 meses de salario.