C-351 de 2009

Ley 388 de 1997, “por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, Ley 3 de 1991 artículo 40, las normas acusadas son el artículo 15, parágrafo 1 el cual regula las normas para la urbanización y construcción de vivienda, las cuales no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal manera que las especificaciones entre otros de loteos, cesiones y áreas construidas deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda y el artículo 40 el cual delega al gobierno para que regule las normas mínimas de calidad de la vivienda de interés social, especialmente en cuanto a espació, servicios públicos y estabilidad de la vivienda.

Los demandantes consideran que, existe una vulneración del derecho a la vivienda digna, por la expresión “precio”, ya que hace del precio de la vivienda de interés social el único criterio relevante para la especificación de los loteos y las áreas construidas de urbanizaciones y construcciones, desconociendo los demás criterios que se deben tener en cuenta, el segundo cargo formulado se refiere a la expresión “cesiones” ya que según los actores tal expresión somete las características de las cesiones de suelo para espacio público y equipamiento de las urbanizaciones a las condiciones de precio de estas últimas, lo que impide que el tamaño o proporción de las cesiones urbanísticas sea fijado en relación con la densidad habitacional y poblacional de las urbanizaciones, criterios que resultarían más adecuados para la realización de los derechos en cuestión y el tercer cargo consiste en que el artículo 40 de la Ley 3 de 1991 faculta al Gobierno para expedir las normas mínimas de calidad de vivienda de interés social cuando la regulación de esa materia es de competencia del legislativo.

La Corte frente a los cargos formulados encuentra que los cargos dirigidos contra las expresiones “de precio” y “cesiones”, están dirigidas a atacar una interpretación realizada por el demandante y no a señalar una contradicción entre el contenido objetivo de la ley y la Constitución Política, por lo tanto procede a inhibirse por ineptitud de la demanda, respecto del tercer cargo la Corte no encuentra que la temática de la norma acusada viole los preceptos constitucionales, por lo tanto decide declararla exequible.