C-816 de 2011

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 102 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Considera el actor que el aparte normativo acusado, al ordenar a las autoridades competentes de actuaciones administrativas la extensión de los efectos de sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se haya reconocido un derecho, a terceros que lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, vulnera disposiciones de la Constitución que 1º.Sitúan a la ley en el lugar preeminente del sistema de fuentes del derecho, con desconocimiento del carácter de criterio auxiliar de interpretación que tiene la jurisprudencia, y 2º.

Consagran el principio de legalidad que somete a la administración y al Estado en general, al impero de la Constitución y la Ley.

Aduce igualmente el actor vulneración por omisión legislativa relativa al principio de la supremacía de la Constitución y de las competencias de la Corte Constitucional, al desconocer la condición prevalente de la norma y la jurisprudencia constitucionales.

La Corte concluyó que, mientras la jurisprudencia de juzgados y tribunales es criterio auxiliar de interpretación en el ejercicio de la función judicial, las sentencias de los órganos judiciales de cierre y unificación de las diferentes jurisdicciones, además del valor de cosa juzgada propio de elles frente al caso sub judice, posee fuerza vinculante como precedente respecto de posteriores decisiones judiciales que examinen en casos similares, sin perjuicio de la posibilidad de apartamiento e inaplicación del mismo que tiene el juez, a partir de argumentaciones explícitas al respecto.

Precisa, que la fuerza vinculante del precedente de las denominadas Altas Cortes puede ser extendida a la autoridad administrativa, por el legislador.

Adicionalmente indica, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y de los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte.

Se decide declarar EXEQUIBLES los incisos primero y séptimo del artículo 102 de la ley 1437 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.