C-538 de 2019

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27, parágrafo (parcial) de la Ley 1922 de 2018, por la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los demandantes consideran que el término “podrán”, como criterio de intervención de las víctimas en el marco de la definición del proyecto de sanción, con su contenido reparador y de medidas restaurativas, a cargo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, desconoce los derechos de las víctimas, así como sus garantías procesales y sustanciales, en un enfoque restaurativo.

Pretenden la inconstitucional del referido vocablo o, en su defecto, su exequibilidad condicionada, en el entendido de que la participación de la víctima sea necesaria salvo en aquellos casos en los que se demuestre que ésta no es posible o cuando la víctima decide libremente no participar.

La Corte consideró que la expresión demandada da cuenta de una facultad conferida a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, que ejercida en términos constitucionales y siguiendo las pautas de la LEJ, especialmente del artículo 14.1, le impone la obligación de garantizar el derecho a participar de las víctimas en la etapa previa a la formulación de la resolución de conclusiones, particularmente en relación con la propuesta del proyecto de sanciones, con su contenido reparador y de medidas restaurativas.

EXEQUIBLE.