T-319A de 2012

Debido proceso, igualdad.

Tutela contra providencia judicial.

Se interpone la acción de tutela en contra de las Salas Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y del Consejo Superior de la Judicatura, por adelantar procesos disciplinarios en contra del actor, los cuales concluyeron con la suspensión y destitución de su cargo de Juez e inhabilidad para ejercer empleos públicos.

Los procesos disciplinarios se iniciaron porque el actor, en su condición de operador jurídico, ordenó a través de dos fallos de tutela, el reconocimiento de la pensión gracia a unos docentes y el embargo de las cuentas de CAJANAL, a efectos de hacer cumplir la orden impartida.

A su juicio, los procesos disciplinarios no estudiaron su conducta sino el sentido de unas decisiones de tutela, situación que condujo a que se vulnerara el principio de autonomía judicial y a que se trastocara la distribución de competencias, el principio del juez natural y las bases del sistema judicial, con la consecuente afectación del principio de seguridad jurídica.

La Sala de Revisión analizó si los fallos disciplinarios atacados vulneraron directamente la Constitución por el desconocimiento de los principios de cosa juzgada constitucional, confianza legítima y derecho a la igualdad.

Así mismo, si incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del principio de favorabilidad en materia disciplinaria, del principio de autonomía judicial y en un error, al deducir que el peticionario actuó con dolo.

También se estudió la posible configuración de un defecto fáctico relacionado con el rechazo de las pruebas solicitadas en los procesos disciplinarios y de un defecto procedimental, por la falta de trámite de un memorial de recusación.

Se decide confirmar las decisiones de instancia que NEGARON el amparo de los derechos fundamentales invocados.