T-207 de 2012

Mínimo vital y móvil.

Las accionantes son dos hermanas que fueron desplazadas por la violencia de su lugar de residencia en el municipio de El Carmen de Bolívar, viéndose imposibilitadas para continuar con el pago de un crédito que adquirieron con el Banco Agrario de Colombia.

Luego de solicitar en varias veces a la entidad financiera la reformulación del crédito, ésta se negó a hacer la renegociación y procedió a presentar demanda ejecutiva en su contra.

La Sala de Revisión luego de comprobar la procedencia de la acción de tutela y de constatar que la entidad bancaria incurrió en una flagrante vulneración de derechos fundamentales a las demandantes, al no reconocer el deber de solidaridad que ante la población desplazada se exige, CONCEDE el amparo solicitado y de manera simultánea deja sin efectos la decisión judicial tomada dentro del proceso ejecutivo y ordena al accionado realizar un acuerdo por medio del cual se reformule el crédito a la luz de las reiteradas reglas jurisprudenciales que se destacan en el presente fallo.

Así mismo, exhorta a los despachos judiciales vinculados al proceso, que en futuras ocasiones en que deban fallar sobre casos con hechos similares al presente, reconozcan y apliquen la jurisprudencia que sobre el tema ha fijado la Corporación.

Al Banco Agrario lo exhorta para que establezca una política integral de mecanismos de crédito, alivios, subsidios o cualquier otro que exista para la atención y manejo de créditos en cabeza de personas desplazadas, en consonancia con la jurisprudencia constitucional precitada.