T-181 de 2014

Debido proceso.

Tutela contra providencia judicial.

La Concejala del Distrito Capital María Victoria Vargas Silva, solicitó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P.

(ETB), copia de algunas actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas de la entidad, así como de algunas grabaciones de video de esas sesiones, con el argumento de requerir dicha información para adelantar funciones de control político.

Ante la negativa de la ETB y la presentación del recurso de insistencia por parte de la concejala, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de única instancia resolvió el recurso, declarando mal negado por la entidad, la solicitud impetrada por la edil y, como consecuencia de ello, ordenó la entrega de los documentos, advirtiendo a la peticionaria que le correspondía guardarlos con total cautela y usarlos sólo para los fines expuestos en el fallo, porque de lo contrario, estaría extralimitándose en sus funciones.

La E.T.B. instauró la acción de tutela en contra de la precitada decisión judicial, alegando la configuración de un defecto material o sustantivo por interpretación, porque en dicho fallo se estableció que el artículo 61 del Código de Comercio habilita levantar reserva legal para documentos privados, para efectos de realizar un control político, a una empresa que presta un servicio público.

Se reitera jurisprudencia relacionada con las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se caracteriza el defecto sustantivo, se establece la naturaleza jurídica y el régimen jurídico aplicable a la empresa accionante, se estudia el marco de regulación de la reserva de los documentos de las empresas de servicios públicos mixtas y, se define la función de control político de los Concejos Municipales o Distritales.

La Sala concluye, que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto, a pesar de aplicar una norma pertinente para definir la reserva de las actas solicitadas, le reconoció a la misma efectos diferentes a los previstos expresamente por el legislador, en tanto, derivó de los supuestos de la norma, sin que así lo estableciera, la posibilidad de levantar la reserva sobre las catas solicitadas, cuando se tratara del ejercicio de la función del control político del Concejo Distrital.

SE CONCEDE. <br> <br>