C-145 de 2018

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias.

El actor considera que las potestades conferidas al acreedor, en las que se le garantiza que en un contexto de insolvencia se ejecute su garantía por fuera del proceso de reorganización y, que en caso de hacerse parte del proceso su obligación sea pagada con preferencia de las de todos los demás acreedores que participan del acuerdo de reorganización, viola los derechos de los niños y de los trabajadores contemplados en los artículos 44 y 53 de la Constitución Política.

La Corte dio una interpretación diferente a las disposiciones acusadas que resultan compatibles con la Carta y procedió a declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso 2º del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, así como de la expresión “confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo”, contenida en el inciso 6º ibídem, en el entendido que tanto la potestad conferida al acreedor garantizado, como el derecho del mismo, solo procede siempre que los demás bienes del deudor sean suficientes para asegurar el pago de las obligaciones alimentarias de los niños y las salariales y prestacionales derivadas del contrato de trabajo, en caso de haberlas, todo lo cual deberá ser verificado por el juez del concurso.

Por último, declaró EXEQUIBLE el artículo 51 de la Ley 1676 de 2013, en el entendido de que el tratamiento de las garantías reales en el proceso de reorganización empresarial aplicará en el proceso de validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización, bajo los condicionamientos previstos en los ordinales primero y segundo de esta Sentencia.