T-211 de 2021

El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados con la decisión judicial que ordenó e hizo efectivo el embargo del 50% de su asignación pensional, como consecuencia de su incumplimiento, desde la primera cuota, en el pago de un crédito adquirido por él y su esposa en el año 2013, pagadero a doce cuotas mensuales y sucesivas.

Indicó el actor que lo anterior conlleva a que solo reciba una mesada cercana a los 400 mil pesos, lo cual le resulta insuficiente para cubrir los gastos de subsistencia propios y los de su cónyuge.

Al revisar el asunto la Corte encontró que la acción de tutela no sólo es improcedente porque el accionante no agotó los medios de defensa judicial que tenía a su alcance, sino que operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que el despacho judicial accionado expidió un nuevo auto a través del cual ordenó la reducción del embargo al 25%.

A pesar de lo anterior la Corporación hizo un pronunciamiento sobre un aspecto que identificó en el trámite de revisión, correspondiente a la negativa del actor a cubrir el pago de la obligación adquirida y el uso indebido de dicha acción para justificar el pago de obligaciones dinerarias.

Sobre el particular se recordó que, si bien la tutela procede de forma excepcional para evitar un perjuicio irremediable, este amparo constitucional, no resulta procedente cuando, a través de este medio se pretende reabrir etapas procesales que se encuentran agotadas, porque no se presentaron los recursos respectivos por negligencia, descuido o distracción de las partes.

Se confirman las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE el amparo deprecado, en tanto no agotaron los recursos previstos en la ley en contra del auto que decretó la medida cautelar cuestionada.