T-175 de 2022

Se ataca la decisión judicial adoptada en segunda instancia al interior de un proceso de reparación directa, a través de la cual se revocó el fallo de primera instancia y se negaron las pretensiones de los accionantes, relacionadas con declarar administrativamente responsables a la Nación/Ministerio de Defensa/Ejército Nacional, de los perjuicios materiales e inmateriales causados con las lesiones que sufrió un familiar a raíz de la activación de una mina antipersonal, cuando desarrollaba actos propios del servicio como soldado, pues incurrieron en una falla en el servicio al incumplir el deber legal de protección de los miembros del Ejército.

Se alega que el mencionado fallo incurrió en un defecto fáctico en su dimensión positiva, porque valoró de manera sesgada, ilógica y contraria a la sana crítica varios testimonios que probaban la existencia de una falla en el servicio y la creación de un riesgo excepcional que se materializó en un daño antijurídico imputable al Estado.

Se reitera jurisprudencia sobre el defecto fáctico en tanto causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y sus dimensiones, especialmente en lo relativo a la valoración de la prueba.

Así mismo, se analiza la sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre minas antipersona y algunas decisiones sobre el título de imputación aplicable a los daños causados con minas a miembros de la Fuerza Pública.

Al no encontrar acreditado el defecto alegado, la Sala Segunda de Revisión decidió confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo invocado.