SU- de 2021

La accionante inició un proceso ordinario laboral con el objeto de que allí se declarara la existencia del contrato de trabajo entre ella y la Policía Nacional.

La pretensión de dicha demanda era el reconocimiento de una pensión sanción, así como el pago de las demás prestaciones y emolumentos que de tal declaración se derivaran.

Primera instancia consideró que sí había existido una relación laboral y que por ello era viable acceder a las prestaciones económicas reclamadas.

En grado jurisdiccional de consulta, la autoridad judicial concluyó que, aunque la peticionaria sí había trabajado para la Policía Nacional, de las pruebas que obraban en el expediente no podía desprenderse certeza alguna respecto a los extremos de duración de esa relación.

También sostuvo que, por esta razón, no era procedente condenar a la demandada.

Esta conclusión fue compartida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien además consideró que, las deficiencias probatorias del expediente eran evidentes y que era responsabilidad de la demandante probar los hechos que alegaba.

Esto sólo lo mencionó, pues previamente había advertido que el cargo presentado contra la sentencia del ad quem no prosperaba por deficiencias técnicas en su formulación.

Se aduceque estos dos fallos vulneraron el derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en los defectos fáctico, procedimental absoluto, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

De manera específica se reprochó una indebida valoración probatoria que derivó en un contrasentido de la decisión, esto es, declarar la existencia de una relación laboral pero no ordenar el pago de prestación alguna La corte analizó si los derechos de la accionante al debido proceso y al acceso a la administración de justicia habían sido desconocidos por las autoridades demandadas y, para el efecto, cuestionó si éstas habían incurrido en un defecto fáctico positivo por cuenta de un eventual análisis probatorio deficiente; o si habían incurrido en un defecto fáctico negativo, en tanto y en cuanto se pudo omitir, por su parte, el deber de actuar oficiosamente a fin de acceder a la verdad procesal.

Se CONCEDE el amparo invocado, se dejan sin efectos los fallos cuestionados y se ordena al Tribunal accionado reiniciar el estudio del proceso en el grado jurisdiccional de consulta, así como decretar y practicar todas las pruebas que considere necesarias a fin de establecer los extremos temporales de la relación laboral, para que una vez se encuentren disipadas las dudas sobre esta cuestión, dicte sentencia de fondo.