C-053 de 2019

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 de la Ley 136 de 1994.

En dos demandas formuladas de manera independiente se aduce que el legislador desconoció la reserva de ley orgánica al ordenar que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, debe convocarse una consulta popular de conformidad con la ley.

La Corte consideró que la Ley 136 fue tramitada como ley ordinaria y su tema general se refería a la adopción de normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios pero que en transgresión del artículo 105 Superior, reguló una materia propia de la ley orgánica.

Así mismo concluyó que dicha norma, al establecer en cabeza de los municipios la obligación de la realización de consultas populares en el desarrollo de los proyectos antes descritos, transgrede lo dispuesto en el mismo artículo 105 de la Carta que consagra una posibilidad en cabeza de las autoridades municipales, a decidir sobre la conveniencia y la necesidad de su realización.

Precisó, que una imposición de este tipo desconoce el principio de autonomía territorial consagrado en los artículos 1 y 287 de la Carta Política, que a su vez implica una transgresión del artículo 31 literal c de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación (Ley1757 de 2015), que dispone que las consultas populares son optativas para las autoridades territoriales.

Por último precisó la Sala, que la norma cuestionada establece de manera abierta que en cualquier tipo de proyecto es necesaria la realización de una consulta popular si genera un cambio significativo en el uso del suelo, sin consideración alguna a que en ciertos asuntos confluyen competencias no sólo locales sino también nacionales, y que por lo tanto, escapan del ámbito de una consulta municipal.

Se reiteró que es posible hacer uso de este mecanismo de participación en los términos consagrados en la Constitución y en la Ley 1757 de 2015 la cual establece que en materia territorial las consultas populares deben recaer sobre los asuntos propios de su competencia.

Se declara la INEXEQUIBILIDAD del artículo 33 de la Ley 136 de 1994.