T-1078 de 2012

En este caso la Sala de Revisión entró a determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana, entre otros, fueron vulnerados por el accionado, al parecer, por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente siete años de edad, por haberla forzado a realizar trabajo doméstico sin remuneración durante varios años y, por haberla sometido posiblemente a maltratos y hasta a abusos sexuales.

Para resolver el asunto se analizó la siguiente temática: 1º.

El contenido del artículo 17 de la Constitución, el cual prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, así como los derechos fundamentales que usualmente resultan lesionados cuando se incumple dicha prohibición y, 2º.

Las obligaciones del Estado colombiano derivado del precitado artículo.

Se concluye que, 1º.

La actora fue sometida a trabajos forzosos, a trata de personas e incluso a cierta modalidad de esclavitud por parte del demandado y su esposa.

Como consecuencia de ello, los demandados vulneraron y aún siguen violando varios derechos fundamentales de la accionante. 3º.

Las violaciones de los derechos de la actora han causado además daños cuya resarcimiento ya no se puede reclamar por otras vías judiciales, pero que en todo caso se deben reparar, en virtud del derecho a la reparación.

Se aclara que, el análisis se realizó no desde la perspectiva penal sino desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la victima, teniendo en cuenta que, los fenómenos de trabajo forzoso, trata de personas e incluso esclavitud, conllevan a la vulneración grave de varios derechos y que por ello es que son proscritos por el derecho internacional y por la Constitución Política.

Se CONCEDE la tutela, se ordena al Ministerio del Interior brindar asistencia a la accionante y coordinar con las entidades que conforman el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, las investigaciones necesarias para encontrar a su familia y permitirle reconstruir su pasado.

De manera simultánea se condena a los demandados al pago de una indemnización a favor de la tutelante y se dispone que, para efectos de su liquidación se tenga en cuenta el concepto técnico remitido por la Defensoría del Pueblo sobre las secuelas psicológicas y emocionales que presenta la peticionaria, como consecuencia de la vulneración de derechos que se reconocieron en esta providencia.