C-594 de 2019

Demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1905 de 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.

Al resolver los cuestionamientos formulados por la parte actora la Corte concluyó lo siguiente: a).

La previsión de un requisito adicional, consistente en aprobar el examen de estado, para ejercer la profesión de abogado, no vulnera lo previsto en los artículos 25, 26 y 69 de la Constitución. b). la exigencia de tal requisito a todos los graduados, para ejercer la profesión de abogado, no es compatible con la garantía de autonomía universitaria, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución, ni con el principio de igualdad reconocido en el artículo 13 ibídem y, c).

El examen de estado no puede realizarse por una institución de educación acreditada en alta calidad, que el Consejo Superior de la Judicatura contrate para tal fin, por contrariar el artículo 69 Superior.

Consecuentemente con lo anterior se decidió: 1) ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-138/19, mediante la cual se declaró la exequibilidad, por el cargo analizado, del artículo 2 de la Ley 1905 de 2018. 2º.

INHIBIRSE de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 3 ibídem y del inciso segundo del artículo 1 de la misma ley, por ineptitud sustantiva de la demanda. 3º.

Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión: “directamente o a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin”, contenida en el inciso primero del artículo 1º de la precitada Ley, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto del inciso primero y de los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 ídem, por los cargos analizados, bajo el entendido de que el requisito de aprobar el examen de Estado sólo es exigible al graduado que pretenda ejercer la profesión por medio de la representación de otras personas en cualquier trámite que requiera de abogado, en los términos indicados en la consideración 4.10.3.3. de este fallo.