T-418 de 2021

En este caso se atribuye a la Contraloría del Departamento de la Guajira la vulneración del derecho al debido proceso, como consecuencia de la auditoría gubernamental con enfoque integral realizada a la Universidad de La Guajira, con el objetivo general de determinar las acreencias pendientes entre la Gobernación de ese departamento y la entidad universitaria que han generado procesos de jurisdicción coactiva y que han sido acusados de ilícitos e ilegales, os cuales, presuntamente, han lesionado el patrimonio público y suspendido la prestación de servicios públicos por parte de la entidad territorial.

Luego de verificar los requisitos de procedencia de la acción de tutela la Corte determinó que en el presente asunto resulta IMPROCEDENTE, por incumplir el requisito de subsidiariedad.

Se concluyó que el actor podía discutir, en los procedimientos administrativos o judiciales en que se utilice como prueba, la validez del informe final de la Contraloría, en tanto dicho documento no produce efectos jurídicos en la situación del accionante de forma autónoma y tiene por finalidad servir de prueba en el marco de un eventual proceso de responsabilidad fiscal.

Sumado a lo anterior, no se acredita un supuesto de perjuicio o irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que no se manifestó ni aportó al proceso elementos que permitieran al juez constitucional advertir que su intervención sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio cierto, inminente, grave, urgente e impostergable.