T-308 de 2021

Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales de la actora, como consecuencia de haber negado el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que solicitó con base en dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral con porcentaje superior al 50% y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Tanto el otrora ISS como Colpensiones negaron el reconocimiento prestacional en varias oportunidades desde el año 2007, por encontrar incumplido el requisito de contar por lo menos con cincuenta semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la estructuración.

En un proceso ordinario laboral se discutió la validez de la última decisión y se concluyó que la peticionaria no cumplía con las condiciones señaladas en la jurisprudencia para que su pensión fuera reconocida con la aplicación de una regla anterior a la Ley 860 de 2003 y, en virtud de ello, se negó la pensión reclamada en el 2017 con base en el dictamen de PCL de ese mismo año.

En sede de tutela las pretensiones fueron rechazadas por improcedentes, en tanto se estimó que al respecto existía cosa juzgada ordinaria.

La Sala analizó inicialmente si efectivamente se configuraba la existencia de la cosa juzgada y concluyó que existía identidad de sujetos, hechos y pretensiones respecto de las circunstancias fácticas que se plantearon al interior del proceso ordinario laboral y la presente acción de tutela.

Por tal motivo, procedió a revisar si procedía, en virtud del principio de oficiosidad, la adecuación del objeto de la demanda para analizar el asunto desde la órbita de una tutela contra providencia judicial, en razón a la cosa juzgada que cobijaba las sentencias dictadas por los jueces ordinarios.

Ello, porque encontró que lo que realmente controvierte la peticionaria son los fallos ordinarios que no dieron la aplicación debida al principio de la condición más beneficiosa de acuerdo con los lineamientos de providencias de la Corte Constitucional.

Luego de abordar temática relacionada con los presupuestos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala declaró IMPROCEDENTE la presente acción, por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e identificación de los hechos que generaron la vulneración.