T-241 de 2022

En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que los actores alegaron la vulneración de derechos fundamentales con el hecho de que las autoridades accionadas ordenaron el retorno a la educación presencial, a pesar de que, a su juicio, no estaban dadas las condiciones para que los estudiantes, docentes y personal administrativo regresaran a las instituciones educativas.

Esto último, habida cuenta de (i) el aumento de los contagios y fallecimientos por Covid-19; (ii) la escasa cobertura y lento avance del plan de vacunación; (iii) la ausencia de financiamiento y ejecución de las obras de adecuación de la infraestructura de los establecimientos educativos para cumplir con las medidas de bioseguridad; y (iv) la falta de información sobre las medidas adoptadas y recursos dispuestos para garantizar las condiciones de bioseguridad en los establecimientos educativos.

Con fundamento en esas circunstancias, solicitaron que se suspendiera el retorno a las clases presenciales, hasta tanto se hubiera garantizado los requerimientos para el regreso en condiciones seguras.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y de analizar detenidamente cada uno de los casos, la Sala Quinta de Revisión dispuso declarar la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO en dos casos, debido a que la actuación voluntaria de las entidades vinculadas implicó la superación de las circunstancias que originaban la presunta vulneración de las garantías constitucionales alegadas en los escritos de tutela.

En el otro asunto se declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, por incumplir el requisito de subsidiariedad.