C-057 de 2010

Decreto-Ley 353 de 1994 artículo 24 “Por el cual se modifica la caja de vivienda militar y se dictan otras disposiciones”, Ley 973 de 2005 artículo 14 “Por la cual se modifica el Decreto-ley 353 de 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones”, el artículo 24 regula el subsidio de vivienda para el personal vinculado al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, el aparte demandado es el siguiente “Dicho subsidio será reconocido en las cuantías que a continuación se relacionan: hasta 140 salarios mínimos legales mensuales para categoría oficial, hasta 80 salarios mínimos legales mensuales para suboficial, y hasta 70 salarios mínimos legales mensuales para quienes conserven la categoría de agente”, el artículo 14 adiciona los beneficiarios de los subsidios, el aparte demandado es el siguiente “los subsidios para el personal de Soldados Profesionales podrán reconocerse hasta en una cuantía equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales”, el demandante considera que los apartes acusados vulneran los artículos 1, 2 y 13 de la Constitución Política, debido a que establecen una ponderación de manera discriminada por grados, sin ninguna motivación para la entrega del subsidio de vivienda.

La Corte concluye que el único cargo procedente es el de la vulneración al principio de igualdad, entra a estudiar, la facultad del legislador para determinar el régimen prestacional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el subsidio de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el carácter prestacional, no asistencial, de los subsidios de vivienda en la Fuerza Pública, la constitucionalidad de las diferencias de trato, se encuentra que la diferenciación de los sujetos a que se refieren las disposiciones demandadas obedece a criterios normativos, que responden a la lógica interna de organización de la fuerza pública, se encuentra que las tres categorías también se están en una situación de hecho distinta desde el punto de vista de su relación con el sistema de acceso a la vivienda de la fuerza pública, realizando mayores aportes las categorías mas altas, se concluye que las categorías no se encuentran en la misma situación de hecho, por lo tanto, no puede, por definición, predicarse de ellas violación al principio de igualdad, por lo tanto se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas acusadas.