T-077 de 2022

El actor aduce que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó, alegando el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

Indicó que, de haber tenido en cuenta las semanas de cotización que causó antes de la fecha de estructuración de su invalidez y que correspondieron a un tiempo laborado en la Policía Nacional, cumpliría el requisito de haber cotizado cincuenta semana en los últimos tres años, previsto en el artículo 1º de la Ley 960 de 2003.

Se aborda temática relacionada con la importancia constitucional de la historia laboral y su relación con la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados –CETIL- y el reconocimiento de tiempo servido en la Policía Nacional a efectos pensionales.

La Sala Primera de Revisión reiteró que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los trámites interadministrativos asociados a la capitalización pensional de los tiempos de servicio efectivamente certificados, a efectos de incorporarlos en la historia laboral de los afiliados, no pueden constituirse en obstáculos para acceder efectivamente a la prestación pensional, en tanto se trata de una carga que sólo puede ser asumida por las entidades comprometidas en la controversia administrativa, cuyas consecuencias derivadas de los problemas internos de gestión no pueden ir en detrimento de los derechos fundamentales del usuario ni constituirse en una excusa para negar el reconocimiento de una prestación.

Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.