C-296 de 2021

Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 2º del artículo 2 de la Ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

Los demandantes consideran que la expresión “aplica una inhabilidad preventiva sin existir condena en firme” desconoce el principio de presunción de inocencia y, en particular, de los artículos 29 y 31 de la Constitución, 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que genera una colisión entre los principios de presunción de inocencia y los de moralidad administrativa, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de las actividades estatales.

También consideran que la inhabilidad contenida en la disposición demandada es de tipo preventivo al no exigir que la sentencia condenatoria esté en firme para su aplicación y, en tal sentido, argumentaron que desconoce el principio de presunción de inocencia, además de ser irrazonable y desproporcionada.

La Sala Plena comprobó la existencia de cosa juzgada constitucional, de tipo formal, toda vez que con anterioridad estudió una demanda con identidad de objeto, de causa petendi y de parámetro de control, respecto de los cargos formulados en este asunto.

Con base en lo anterior se resolvió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-053/21.