C-258 de 2023

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de la Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación.

La norma acusada exceptúa a las grandes empresas de la obligación de efectuar el pago de sus obligaciones mercantiles dentro de los plazos justos en ella previstos, pero no extiende tal excepción a las micro, pequeñas y medianas empresas que actúan como deudoras de grandes empresas, lo cual les impide pactar términos más favorables para el pago de las obligaciones derivadas de sus operaciones mercantiles.

A juicio del demandante, tal regulación desconoce el derecho a la igualdad e incurre en una omisión legislativa relativa que vulnera el libre ejercicio de la actividad económica.

Luego de realizar la integración de la unidad normativa con los artículos 7 y 10 de la citada ley, cuyos contenidos guardan un vínculo inescindible con la norma demandada, la Corte concluyó que en el presente caso se configuró una omisión legislativa relativa.

Por lo anterior, se declaró la EXEQUIBILIAD CONDICIONADA de la norma demandada, en el en el entendido que se encuentran exentos de la aplicación de los plazos previstos en el inciso primero del artículo 3 los casos en los cuales los comerciantes y quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, en particular, las micro, pequeñas y medianas empresas, que actúan como deudoras de grandes empresas y pactan términos más favorables para el pago de las obligaciones derivadas de sus operaciones mercantiles.