T-255 de 2024

Como antecedentes de este caso se tiene que la accionante es de nacionalidad brasilera y que en ese país se casó con un ciudadano de nacionalidad paraguaya y colombiana.

De dicha unión nacieron tres niños, quienes en la actualidad son menores de edad.

En 2016, la familia se estableció en la ciudad de Barranquilla y la actora viajaba con frecuencia a Brasil para que uno de sus hijos recibiera allí atención en salud.

Ello, debido a su diagnóstico de parálisis cerebral y al hecho de contar con un seguro médico complementario.

Luego de que la tutelante decidiera quedarse en Brasil con sus hijos y de que un juzgado de Río de Janeiro decretara su divorcio, concediera la custodia compartida de los menores y fijara un régimen de visitas y una cuota alimentaria a cargo del padre, éste solicitó la restitución internacional de sus hijos e inició un proceso de custodia y cuidado personal en Colombia.

En esta causa el juzgado le otorgó la custodia de los menores y estableció un régimen de visitas y una cuota de alimentos a cargo de la madre.

Esta decisión judicial es la que se cuestiona en sede de tutela.

Se adujo que, al otorgar la custodia monoparental al padre, incurrió en los siguientes defectos (i) desconocimiento del precedente, al omitir el que versa sobre la metodología a emplear para fijar el régimen de custodia más conveniente; (ii) sustantivo, al inaplicar el artículo 23 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual establece la prevalencia del régimen compartido; (iii) fáctico, al valorar de manera irrazonable los dictámenes de psicología y trabajo social y al no examinar un concepto psiquiátrico, cuando estos elementos no descartaban la custodia compartida; y (iv) violación directa de la Constitución, en tanto desconoció los lineamientos jurisprudenciales que deben guiar la aplicación del principio del interés superior del menor, y omitió adoptar un enfoque de género.

Se reiteró jurisprudencia relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizó temática relacionada con el principio del interés superior del menor y el precedente constitucional en materia de custodia compartida.

Se CONCEDIÓ la protección del derecho fundamental al debido proceso de la peticionaria, así como el derecho a tener una familia y no ser separada de ella de los menores.

Se deja sin efectos la sentencia cuestionada y se ordena al operador jurídico proferir un nuevo fallo, luego de que quede en firme la providencia que resuelva el recurso especial promovido en el marco del proceso de restitución internacional de menores.