T-233 de 2020

En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se cuestiona la negativa de la Registraduría General de la Nación, de cancelar uno o dos de los registros civiles con los que cuentan los actores y, en los que se consigna datos diferentes.

Se pretende que cada peticionario tenga un solo registro para poder tramitar la obtención de la cédula de ciudadanía correspondiente.

Teniendo en cuenta la disparidad de información que contienen los diferentes documentos, considera la Corte que no hay certeza sobre cuáles deben perdurar en el tiempo y cuáles deben ser anulados o cancelados, máxime cuando no hay elementos probatorios de juicio que generen certeza sobre cuales datos son verídicos y cuáles no.

Se concluye que, en los casos objeto de estudio no se cumple con el requisito de subsidiariedad, por los siguientes motivos: (a) existen medios judiciales que permiten obtener lo pretendido; (b); la complejidad probatoria del caso sobrepasa las facultades propias de un juez constitucional, teniendo en cuenta el carácter sumario de la acción de amparo y (c) no se acredita la urgencia o la amenaza de un perjuicio irremediable, ni la falta de idoneidad del mecanismo existente.

Por lo anterior, se procederá a confirmar las sentencias de instancia que DENEGARON el amparo invocado.

Subraya la Corporación, que la cancelación del registro civil puede obtenerse a través de un trámite administrativo o mediante una orden judicial y que, acudir a una u otra vía está supeditado a si se requiere o no alterar el estado civil.

Precisa la Sala que, cuando la corrección, adición, modificación o cancelación de un registro conlleva un cambio solo mecanográfico, de ortografía o cuando existen dos registros exactamente iguales, la entidad accionada puede adelantar las reformas requeridas y si lo pretendido deviene en un cambio en el estado civil, el llamado a ordenar dicha alteración es un Juez de la República