T-106 de 2020

En seis acciones de tutela formuladas de manera independiente y que reúnen a 27 accionantes en total, se atribuye al ICBF la vulneración de derechos fundamentales a raíz del no reconocimiento y pago de aportes parafiscales en pensiones, a pesar de que las peticionarias tuvieron con la entidad un vínculo laboral cuando se desempeñaron como madres comunitarias.

Del total de actoras, veinte estuvieron afiliadas al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y las demás, nunca se beneficiaron del mismo, pues no accedieron a él desde la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional al PSAP, cuya vinculación o afiliación era voluntaria.

Las veinte madres mencionadas fueron retiradas del Programa de Subsidio al caer incursas en alguna de las causales de pérdida de la condición de beneficiarias previstas desde el Decreto 1858 de 1995 y actualmente contenidas en el Decreto 1833 de 2016.

Se aborda temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela, el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y el régimen jurídico del Sistema General de Pensiones aplicable a las madres comunitarias.

Concluye la Corte que, si bien las accionantes efectivamente se desempeñaron de forma permanente o periódica como madres comunitarias en distintas regiones del país, el ICBF no está llamado a responder por los derechos fundamentales invocados, pues ha sido la ley y la reglamentación quienes han establecido las características del régimen jurídico de los hogares comunitarios, no pudiendo la entidad actuar en contravía del ordenamiento que la rige.

Es decir, que no puede atribuírsele válidamente al Instituto haber ejecutado durante la existencia de los programas de hogares comunitarios actuaciones ilegales tendientes a desconocer relaciones de carácter laboral con las madres encargadas de los mismos, pues el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional reiterada no admitieron tal hipótesis.

Se DENIEGA el amparo invocado.