C-031 de 2023

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 (parcial) de la Ley 2080 de 2021, por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.

El demandante considera que la expresión cuestionada desconoce los artículos 237.3 y 115 de la Constitución, al legitimar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y entidades del orden territorial, con el fin de precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente, a pesar de que dicha Agencia no hace parte del Gobierno nacional.

La Corte concluyó que la disposición acusada no amplió la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sino que extendió la legitimación para activar la mencionada función consultiva que se encontraba prevista en el numeral 7 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 solo a favor del Gobierno Nacional.

Consideró además que dicha facultad, adoptada por el legislador en ejercicio del amplio margen de configuración, se ajusta a la Constitución porque: i) persigue una finalidad compatible con ella, pues tiene por objeto reducir la congestión de la jurisdicción contencioso administrativa para hacerla más ágil y eficaz, al precaver litigios eventuales o poner fin a los existentes entre entidades del Estado y; ii)es idónea para alcanzar dicha finalidad, pues, de un lado, la Agencia es una entidad especializada en la defensa jurídica del Estado y, de otro lado, la medida no desconoce los límites constitucionales fijados al legislador en la asignación de funciones al Consejo de Estado, en particular a la precitada Sala.

Se declara la EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada.