T-217 de 2023

En este caso se atacan varias decisiones judiciales proferidas en el marco de un proceso ejecutivo iniciado para cobrar unos pagarés.

Se aduce que dichas providencias, en especial, la que resolvió la apelación interpuesta en contra de la sentencia de primera instancia y declaró no probada la excepción de falta de requisitos de validez del título valor propuesta por la ejecutada, ahora la accionante, incurrió en los defectos procedimental, orgánico y violación directa de la Constitución, lo cual generó la violación de los derechos al debido proceso, defensa técnica y acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, como consecuencia de surtir nuevamente la audiencia prevista en el artículo 327 del Código General del Proceso, dada la recomposición de la Sala, a pesar de que (i) la misma se había reunido previamente y adoptado una decisión y (ii) el ponente fue el mismo magistrado a quien la Sala ya había derrotado la ponencia.

Luego de analizar las reglas de procedimiento en relación con el trámite de aprobación de sentencias en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial cuando la ponencia original es derrotada consideró la Sala de Revisión que las circunstancias cuestionadas se enmarcaron claramente en un incumplimiento de las precitadas directrices, así como de los mandatos y garantías constitucionales propias del debido proceso en los términos en que lo advirtió la Corte Constitucional en las Sentencias T-1087/03 y T-374/14.

Por lo anterior se tradujo, de una parte, en un defecto procedimental absoluto en el sentido en que se desconocieron por completo las normas que guían el proceso de aprobación de ponencias en los tribunales superiores de distrito judicial y, de otra, en un defecto orgánico, poque el magistrado había perdido la competencia para sustanciar y ser ponente de la sentencia después de que anteriormente se había derrotado su proyecto de fallo.

Igualmente consideró que se presentó un defecto por violación directa de la Constitución, porque el incumplimiento de las reglas relacionadas con el trámite de aprobación de las sentencias tiene un impacto directo en la afectación del derecho fundamental al debido proceso.

Se declara improcedente la acción de tutela respecto de las pretensiones dirigidas en contra de varios autos, pero se concede el amparo del derecho al debido proceso en relación con las pretensiones del fallo de segunda instancia referenciado.