C-404 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 376 (parcial) de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.

El artículo en comento establece el tipo penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los actores solicitaron a la Corte declarar la existencia de una omisión legislativa relativa, o una omisión legislativa absoluta o déficit de protección, así como identificar una vulneración directa a la Constitución por el desconocimiento de sus artículos 2, 13 y 49 y de los artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Fundaron sus pretensiones en dos premisas: una, la existencia de un déficit de protección constitucional que se concreta, tras la despenalización del consumo de la dosis personal por la Sentencia C-221/94, en la ausencia de regulación sobre la faceta de acceso, legal y seguro, a las diferentes sustancias, esto es, en la falta del marco regulatorio sobre la venta, ofrecimiento y adquisición de narcóticos y; dos: en el deber del Estado de prever y ejecutar las acciones que permitan la adquisición legal y segura de narcóticos, en garantía de los derechos a la vida, salud y seguridad personal.

La Corte concluyó que la presente demanda, dirigida a cuestionar la inexistencia de vías legales y seguras para el acceso a sustancias estupefacientes, sicotrópicas y drogas sintéticas para uso personal, no propuso un cargo apto y, por ello, se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.