T-414 de 2023

Como antecedentes de este caso se tiene que la actora fue vinculada por el Consorcio accionado mediante contrato de trabajo por obra o labor para desempeñarse como manipuladora de alimentos en una institución educativa, durante la vigencia 2022.

Dicho contrato finalizó en diciembre del precitado año.

En enero del 2023, la accionante inició proceso de contratación para ser vinculada nuevamente, no obstante, al día siguiente de la práctica de los exámenes médicos le informaron, sin ninguna explicación, que no sería contratada.

De manera posterior, la peticionaria se realizó una prueba de embarazo la cual salió positiva.

Dicha situación la notificó verbalmente a la empresa y solicitó además que le indicaron el motivo por el cual no había sido contratada.

También pidió que le indicaran los exámenes médicos que le habían sido practicados y que le expidieran copia de los mismos.

La accionada respondió: (i) que no tenía la obligación de indicar a los aspirantes las razones por las cuales no habían sido contratados; (ii) indicó la relación de exámenes practicados y; (iii) que no tenía acceso a las historias clínicas ni resultados médicos.

La pretensión de la acción de tutela es que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales derivados de la condición de embarazo de la actora y ordene el reintegro, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

En sede de instancia se negó el amparo porque el consorcio no conoció del estado de gravidez de la tutelante y, por tanto, no era posible inferir que la negativa de efectuar una nueva contratación hubiese obedecido a esa circunstancia.

Luego de analizar los requisitos de procedencia, la Corte constató que no se acreditó el de subsidiariedad y, por ello, decidió revocar el fallo de instancia y, en su lugar, declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela deprecada.