T-255 de 2016

El accionante, actuando en su calidad de Gobernador del Cabildo Indígena Páez de Corinto (Cauca) instauró la acción de tutela planteando las siguientes solicitudes al juez constitucional: 1º.

Que se ordene el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que las sentencias del Consejo de Estado y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previendo las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos similares a las masacres padecidas. 2º.

Disponer la conformación de una comisión de seguimiento para la solución del conflicto de tierras ancestrales y, 3º.

Pactar las indemnizaciones por las masacres que han padecido, al igual que por los asesinatos selectivos y el reclutamiento de menores.

Así mismo, que se adquieran y adjudiquen tierras que cuenten con suficientes vocación productiva para los 20 cabildos indígenas situados en 8 municipios del Cauca.

Lo anterior, en el contexto de desalojo mediante la fuerza y las órdenes de policía, en relacióna las tierras ancestrales que ellos han incluido en el denominado proceso de “liberación de la madre tierra”.

A juicio de la Corte, no resulta procedente el examen de los problemas vinculados con las tierras ancestrales, por el incumplimiento del principio de inmediatez.

Se aclara, que la anterior decisión no puede interpretarse como una actitud indiferente por parte de la Corte Constitucional frente a la situación que, según los medios probatorios, acaece en esa región del departamento del Cauca.

Precisa, que cuando se trata de controversias puntuales y específicas que escapan al seguimiento de un estado de cosas inconstitucional, la inmediatez es un requisito sin el cual la acción de tutela se desnaturaliza, máxime cuando en el ordenamiento jurídico existen mecanismos y herramientas suficientes e idóneas para solventar los complejos sucesos que desde hace décadas ocurren allí.

En lo referente a la reparación como víctimas del conflicto, se determina que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues existen mecanismos ordinarios de defensa judicial no sólo idóneos sino creados por el legislador para solventar esa situación en particular.

Se declara la IMPROCEDENCIA del amparo solicitado, pero se exhorta a la Alcaldía de Corinto para que, en el evento en que se vuelvan a presentar tensiones en torno a la tierra y se gesten acciones policivas como la mencionada en el presente caso, en procura de resguardar el debido proceso, sea respetuosa al precedente constitucional en la materia, en especial, en las sentencias T-282/11 y T-349/14.