C-280 de 2024

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 57 (parcial) de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Los actores alegaron que la disposición acusada vulnera los artículos 79 y 80 de la Carta Política.

Concluyó la Corte que el aparte normativo demandado incurre en un déficit de protección constitucional y, por ello, declaró su EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, en el entendido de que los estudios a que se refiere deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático.

Se exhortó al Congreso de la República a que expida una regulación que incluya las variables, medidas y herramientas que el Estado debe utilizar para la evaluación de los impactos que en materia de cambio climático pueden producir los proyectos, obras y actividades cuya ejecución requiera autorización del Estado, de forma que las autoridades competentes puedan establecer deberes y obligaciones específicas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático.

Así mismo, se ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de esta sentencia, actualice los términos de referencia genéricos para la elaboración de los estudios de impacto ambiental en relación con la evaluación de los impactos que en materia de cambio climático pueden producir las obras o actividades cuya ejecución requiere licencia ambiental.

Se dispuso además que, la evaluación de los impactos en materia de cambio climático es exigible a las solicitudes de licencia ambiental o de renovación que se presenten a partir del primero de agosto de 2025.